Finanzas

¿Qué es la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda?

Última actualización: 11-06-2026

La Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda es una normativa estatal española aprobada en mayo de 2023 que busca facilitar el acceso a la vivienda y regular el mercado inmobiliario. Esta legislación introduce mecanismos para limitar los precios del alquiler en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado y modifica aspectos clave de la normativa de arrendamientos.

Además, la normativa establece nuevas protecciones contra los desahucios para personas vulnerables, traslada el pago de los honorarios de las agencias inmobiliarias a los propietarios y redefine el concepto de gran tenedor de viviendas, impactando indirectamente en las alternativas de alojamiento temporal.

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Cómo funciona

La ley permite a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas si el coste de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, o si los precios han subido significativamente por encima del IPC. En estas áreas, se aplican topes a las rentas.

Para los pequeños propietarios, los nuevos contratos no pueden superar el precio del contrato anterior, salvo excepciones. Para los grandes tenedores, ahora definidos como titulares de cinco o más inmuebles en zonas tensionadas, el precio se limita mediante un índice de referencia oficial.

La normativa también prohíbe repercutir los gastos de gestión inmobiliaria al inquilino y elimina el IPC como índice de actualización anual de las rentas, sustituyéndolo por un nuevo límite porcentual fijo que se revisa periódicamente.

¿Por qué es importante?

Aunque esta ley regula principalmente el alquiler residencial de larga duración, es crucial para los gestores de propiedades porque ha provocado un desplazamiento masivo de inmuebles hacia el alquiler de temporada y la vivienda de uso turístico. Este trasvase busca evitar los topes de precios, lo que a su vez ha desencadenado nuevas restricciones autonómicas y municipales sobre la corta estancia.

Ejemplos

  • Un propietario en Barcelona, zona declarada tensionada, que debe limitar el precio de su nuevo contrato de alquiler al índice de referencia de la Generalitat.
  • Un inversor con seis propiedades en Madrid que pasa a ser considerado gran tenedor bajo los nuevos criterios de la ley.
  • Una agencia inmobiliaria que ya no puede cobrar el mes de comisión al inquilino al formalizar un contrato de vivienda habitual.
  • Un arrendador tradicional que decide convertir su piso en un alquiler vacacional para no estar sujeto a las limitaciones de renta.

Recursos oficiales y referencias

Preguntas frecuentes sobre Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda

¿Afecta la Ley de Vivienda a los alquileres turísticos?+
La ley no regula directamente las viviendas de uso turístico, ya que estas se rigen por normativas autonómicas y municipales. Sin embargo, al limitar los precios del alquiler tradicional, ha incentivado a muchos propietarios a cambiar sus inmuebles al mercado vacacional o de temporada para mantener su rentabilidad.
¿Qué es una zona de mercado residencial tensionado?+
Es un área donde el coste del alquiler o la hipoteca más los suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares, o donde los precios han subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Su declaración depende de cada comunidad autónoma.
¿Quién paga los honorarios de la agencia inmobiliaria con la nueva ley?+
La normativa establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato deben correr siempre a cargo del arrendador. Esto significa que las agencias ya no pueden cobrar comisiones a los inquilinos por la búsqueda o intermediación en alquileres de vivienda habitual.
¿Cómo se actualiza el precio del alquiler anualmente?+
La ley desvinculó la actualización anual de los contratos de alquiler del IPC. Durante 2024, el incremento máximo permitido fue del 3%, y a partir de 2025 se aplica un nuevo índice de referencia creado por el Instituto Nacional de Estadística que es más estable y siempre inferior al IPC.
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